URTUBEY, ROMERO Y LA PELEA POR EL PILLAJE DE LA PROVINCIA

  Como consecuencia de la profundización de las contradicciones de las diversas bandas que forman la lumpen burguesía argentina, surgen voces que se auto adjudican derechos sobre la riqueza petrolera. No es nueva la discusión. En la década del veinte el General Mosconi le dijo a Yrigoyen (presidente de la Nación): “si usted permite que los gobernadores determinen sobre la riqueza petrolera, ésta pasará íntegramente a las manos de la Standard Oil, y de esa manera la riqueza generada a los bolsillos de la familia Rockefeller”. El GOBERANDOR PROVINCIAL QUE ENTREGO LOS Recursos petroleros a Estándar Oil era Robustiano Patrón Costa. Romero pretende arrogarse el derecho de explotar – él y sus secuaces – las riquezas de Salta. Cree que ya es hora que Urtubey y su banda le dejen el espacio que él una vez les cedió. (Paradojas de la vida económica local, la hija de Romero esta casada con uno de los nietos del “prócer” conservador, todo queda en familia.)

   Las bandas punguistas  no tienen ningún otro objetivo que el lucro fácil de la renta obtenida por acuerdos y concesiones al imperialismo. Como ejemplo paradigmático es fácil observar el deterioro total de la red ferroviaria que alguna vez se construyó en Salta. Fue privatizada en los noventa con la complicidad de toda la dirigencia sindical y el partido peronista, que es la garantía de “gobernabilidad” de la Nación Argentina. El sistema ferroviario en la provincia superaba los mil quinientos (1500) kilómetros de longitud. Comunicaba la provincia con Chile y Bolivia. Hoy, no está operativo ningún ramal con seguridad. El resultado de la privatización fue nefasto, pero mucho peor para el sistema ferroviario fue la bochornosa estatización que realizó el general Perón en su primer gobierno. La burguesía argentina encontraba más y mejores negocios en la corruptela que en el desarrollo capitalista. Los productores agropecuarios provinciales saludaron con alegría la privatización y hoy quieren que el pueblo trabajador le construya nuevos trenes cargueros para pagar menos flete.

Los recursos petroleros de la provincia, como así también la red ferroviaria, deben ser desarrollados, administrados y operados por empresas estatales con control obrero y popular. Nunca más deberían estar conducidas por representantes de los partidos burgueses y de las bandas de caciques sindicales.   

   La destrucción de la petrolera YPF estatal, al igual que Ferrocarriles Argentinos, fue un plan de robo ejecutado por el peronismo y el resto de la burguesía lumpen, que recoge las migajas que en la provincia se le caen a los Romero y los Urtubey. La mayoría de los salteños en la actualidad desconoce la importancia que tuvo la red ferroviaria, como así también la cantidad y calidad del petróleo y gas que lastimosamente aún se produce.

  ¿Vendrán nuevos créditos internacionales para “reconstruir” estas empresas? El pueblo argentino, si continúa ésta saga de mafiosos , volverá a “ajustarse” para pagarlos; como indica el carácter neocolonial de nuestro país, los gobiernos nacionales y provinciales volverán a pedir otro esfuerzo para “HONRAR SUS DEUDAS”.

¿Qué hacer con los desmontes?

Durante el transcurso de la última década recrudeció la polémica en la conservación y el manejo de los recursos naturales renovables del Chaco Salteño. Finalmente a través de la presión ejercida por organismos financieros internacionales (Banco Mundial) se realizó el programa de ordenamiento territorial (POT) que sería el puntapié inicial para convertir al Chaco en un “mundo verde y feliz”. Los tecnócratas que realizaron el proyecto no solo eran de baja idoneidad sino que algunos de ellos conocieron el Bioma por primera vez. Tanto los gobernadores de turno (Romero, Urtubey) aceptaron gustosos la ejecución de los proyectos que venían aceitados con créditos, cargos y subsidios. La burguesía que apetecía esos bosques, que se convirtieron repentinamente en reservas de la expansión de la frontera agropecuaria, nunca pensó que esta “moda verde” llegaba hasta a cuestionar la propiedad privada. La punta de lanza de las ONGs que suplantan el rol del Estado es Greenpeace (Paz Verde); sino es verde: guerra.  

La secundan un sin número de organizaciones nacionales y transnacionales, ecologistas y religiosas, que se arrogan el derecho de representar a los criollos y aborígenes que habitan una parte del territorio. La cuestión aborigen es muy compleja y no tendrá solución que surja de proyectos internacionales. Las dirigencias aborígenes actuales, acostumbradas a pactar con gobernadores, religiosos, y últimamente ONGs, tampoco tienen intenciones de terminar con el polémico manejo de los recursos. Casi calcando el manejo de los caciques sindicales peronistas en otras regiones del país negocian, venden y compran posiciones y posesiones con una habilidad sorprendente. Muchos de ellos enriqueciéndose. En la provincia, y acercándonos a períodos  electorales, Romero acusa a Urtubey que su familia realiza desmontes ilegales. Urtubey, por su parte, lo acusa no sólo de desmontar ilegalmente, sino de realizar negocios inmobiliarios. Entre ellos, y como número tres en el ring, Greenpeace, dirimiendo quién es el más razonable para los intereses de la multinacional verde. El árbitro va a definir cuáles tierras se desmontan y cuáles no, demostrando una vez más la ineptitud de las clases dirigentes argentinas, aún para administrar algo que ya se habían apropiado durante el siglo XIX. En cualquier momento, para victimizarse, algunos de los actores  aportará algún cadáver a esta escalada de violencia, consecuentemente, la cotización de las acciones de Greenpeace en el mundo subirá rápidamente.

Esta es la cuestión. ¿Qué hacer? SE DEBE PARAR TOTALMENTE LOS DESMONTES SIN PEDIRLE PERMISO A GREENPEACE NI AL ESTADO PROVINCIAL LACAYO DEL BANCO MUNDIAL.

Esta clase dirigente no tiene derecho histórico a continuar realizando desmontes. Se debe detener éste proceso, hasta que un gobierno realmente popular determine cuáles son las áreas y en favor de qué clase será el usufructo de ese desmonte. No es con categorizaciones ni recategorizaciones que PRETENDEN delimitar las áreas que se deben habilitar para ser aprovechadas con  nuevas formas de producción. Hasta hoy el POT es una cueva de corruptos y coimeros en el anterior y en éste gobierno. ¡Se acabó!: no hay desmontes para nadie. Todos se van a oponer: Greenpeace, porque no tiene a quién extorsionar;  los Caciques, porque se van a quedar con una limosna MÁS pequeña; el Estado Provincial  porque ya no recibirá la dádiva del Banco Mundial; y los tecnócratas, gestionadores de coimas, porque ya no harán sus INÚTILES planes de Impacto Ambiental.

NADIE DEL SISTEMA VA A APOYAR ÉSTA CONSIGNA. PERO PAREN LOS DESMONTES DEFINITIVAMENTE YA¡¡. TODOS¡¡.

 Los organismos provinciales han demostrado su incapacidad de realizar las funciones de control, monitoreo y represión de las grandes empresas, por lo tanto la Corte Suprema de la Nación se deberá hacer cargo e indicar como custodiar estos Recursos Naturales.  Este no es el momento histórico para continuar avanzando con la frontera agropecuaria, porque ese avance no trae beneficios para los pobladores. Sólo sirven a los intereses  de  la clase dominante.

Leonardo Juarez , Grupo Vavilov, Partido Comunista-Salta